Obra de Poesía: Tres girasoles en el Viento

Junio 4th, 2015

Tres Girasoles en el Vientohttp://mariolascano.com/

EL PREDESTINADOR – PUBLICACIÓN 2015

Marzo 5th, 2015

Una novela que se desarrolla a principios del siglo XX. Todo un mundo lleno de vivencias en las cuales se entrevera la costumbre, las creencias, el mito, rito y símbolo de una cultura mixturada. El Predestinador, un hombre enigmático y disidente; el comisario García que representa el orden a su manera; el cura Sebastián Alegría que maneja la fe de su poblado; Alfonso de Izaguirre el terrateniente. Y así, la verdad confundida con la ilusión; el pragmatismo con la esperanza; el amor con la traición. una obra escrita a finales de los años ochenta…

MARIO LASCANO P.

LIBRO EL PREDESTINADOR

LIBRO DE ABRIL: POROTOG

Abril 9th, 2015

Un comunidad indígena pequeña, en dónde el clima y la injusticia social hicieron su reducto más inexpugnable. El viento tormentoso latigando el rostro bronceado de sus habitantes; la lluvia helada e inclemente; el sol canicular incendiando el medio día con sus rayos penetrantes.
En la cumbre de las lomas, unos indígenas contemplan el hermoso valle de Cayambe; observan la planicie llena de riqueza en donde se asientan cientos de plantaciones de flores y potreros llenos de ganado. Más acá arriba en cambio campea la pobreza, la necesidad, los rigores inclementes de una vida injusta y marginada.
Sin embargo, la gente que habita Porotog y las demás comunidades aledaneas, no se ha detenido frente al tiempo y las adversidades, simplemente lucha y se enfrenta con la vida, produce y se pone de pie, se revela y levanta su voz de protesta. Pertenecen a esa raza de hombres que ha sido capaz de soportar durante siglos, la peor de las esclavitudes e injusticias. Han vivido bajo las más serias adversidades pero han superado todas. A ellos un sentido homenaje.

POROTOG

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DEL SRI EN LO REFERENTE A MEJORAS EN LA ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES

Septiembre 20th, 2012

Autor: Abg. Gonzalo Lascano Báez

1.- La Mejora de la Atención al Contribuyente como una Obligación de la Administración Tributaria

Los Estados democráticos contemporáneos, de manera progresiva, han venido incorporando normas y procedimientos que garanticen a los administrados una adecuada y eficiente atención de sus necesidades públicas. El motivo fundamental es la concientización colectiva de que la población y, dentro de esta, los administrados son la razón de ser misma del Estado.

En su sentido más amplio la Administración Pública “es una organización que el Estado utiliza para canalizar adecuadamente demandas sociales y satisfacerlas, a través de la transformación de recursos públicos en acciones modificadoras de la realidad, mediante la producción  de bienes, servicios y regulaciones.”[1] Así, la Administración Pública es por lo tanto el sistema administrativo de un Estado con dos fines: a) Prestar servicios públicos a su población,  y b) Realizar controles públicos a las personas y la propiedad   dentro de suimperium.

En este sentido, la Constitución de la República ha establecido que  la Administración Pública constituye un servicio a lacolectividad que se rige por los principios de eficacia y eficiencia, calidad,jerarquía,desconcentración, descentralización, coordinación, participación,planificación, transparencia y evaluación.[2]Consecuentemente, todas las instituciones del Estado se encuentran supeditadas a este mandato constitucional, considerando  que no existe una sola Administración Pública, sino una pluralidad de administraciones públicas[3]

Para el caso del presente artículo se desprende que la Administración Tributaria es, también,  Administración Pública y por ello está obligada a  regirse por las reglas eficacia, eficiencia y calidad. Al respecto, cabe aclarar que la Administración Tributaria Central corresponde al nivel de gobierno central y  se divide  en la que corresponde a los impuestos internos y la que concierne a los impuestos al comercio exterior. La primera se ejerce por el Servicio de Rentas Internas y la segunda por el Servicio Nacional de Aduanas. Adicionalmente existen las administraciones tributarias seccionales, que la constituyen los distintos niveles de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ámbito de sus competencias. Finalmente, existe la Administración Tributaria de excepción, establecida en virtud de leyes especiales, cuyo establecimiento es residual.[4]

Siendo que el Servicio de Rentas Internas, es Administración Pública y, propiamente, Administración Tributaria Central,  se regimienta por la Ley 41 que le creó[5].  El SRI es una entidad técnica y autónoma, con personería jurídica, derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción nacional. A pesar de la autonomía, le corresponde ejecutar la política tributaria aprobada por el Presidente de la República.  Su máxima autoridad es el Directorio.

De esta manera, el Servicio de Rentas Internas, por mandato constitucional y legal está en el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución[6], particularmente la eficacia y eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación en el ejercicio de sus facultades tributarias.

Dentro de los principios mencionados se encuentra inequívocamente aquella de prestar una adecuada atención al cliente, que en el presente caso es el contribuyente.Este último aspecto resulta particularmente importante y distintivo pues la Administración Tributaria no está prestando un servicio propiamente dicho al administrado, sino que, por el contrario, extrae del bolsillo del contribuyente el dinero para el pago de los tributos y le exige el cumplimiento de una serie de obligaciones formales en mayor o menor medida complejas. De esta manera, es el contribuyente quien debe acercarse a la Administración para cumplir con la exacción que el Estado le ha impuesto. Por eso la importancia de una buena atención al contribuyente que facilite el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, y facilite la recaudación.

Como es bien sabido,  el Código Tributario  ha imbuido a la Administración Tributaria de facultades de determinación de  las obligaciones tributarias y de recaudación. Según el mismo cuerpo legal, la gestión tributaria comprende la determinación y recaudación de los tributos, así como la resolución de las reclamaciones y la absolución de consultas tributarias.[7]Como se puede observar, el Servicio de Rentas Internas, para cumplir con sus fines, requiere una constante aproximación a todos quienes pagan impuestos o cumplen con obligaciones formales tributarias. De esto se concluye que la relación administración-administrado en materia tributaria va mucho más allá del SRI y el contribuyente.

En busca de de promover, difundir y salvaguardar los derechos y garantías de los contribuyentes en los procedimientos que aplica la Administración Tributaria, y cumplir con su obligación de celeridad y eficacia, el Servicio de Rentas Internas emitió la Resolución No. 304 del año 2007 publicada en el Registro Oficial del  89 de 22 de mayo de 2007 (modificada por la Resolución 1413 de 2008, publicada en el Registro Oficial 481 del 04 de diciembre de 2008; y por la Resolución No. 273 del año 2010, publicada en Registro Oficial 224 de 29 de Junio del 2010) que consistió en una enumeración de los derechos del contribuyente. Dicho texto, como tal, no fue constitutivo de derechos, pues el contribuyente gozaba de tales derechos con prescindencia de que exista una norma jerárquicamente inferior que los reconozca. Por el contrario, es a partir  de la Constitución  que se deriva cualquier iniciativa de mejoramiento de la gestión tributaria en beneficio del contribuyente, quien muchas veces puede verse atropellado por el gigantesco poder del Estado.

En dichas Resoluciones,  el Servicio de Rentas Internas ha establecido como política institucional, el reconocimiento de los siguientes derechos del contribuyente:

  • Derecho a ser tratado con el debido respeto, consideración y cortesía, por el personal de la Administración Tributaria.
  • Derecho a ser informado y asistido por la Administración Tributaria sobre el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus  obligaciones tributarias.
  • Derecho a que la actuación de la Administración Tributaria sea ágil, transparente, participativa, orientada a la calidad y mayor simplicidad posible, eficiente, y en la forma que les resulte menos onerosa a los obligados tributarios.
  • Derecho a conocer el nombre de los funcionarios encargados de la atención al público.
  • Derecho a presentar peticiones, solicitudes y reclamos ante la Administración Tributaria de conformidad con la ley.
  • Derecho a recibir una respuesta, pronunciamiento o resolución de la Administración Tributaria, dentro de los plazos establecidos previamente en las leyes tributarias, según el procedimiento administrativo de que se trate.
  • Derecho a que sus peticiones y reclamos sean resueltos motivadamente en los términos previstos por la ley.
  • Derecho a obtener certificación y copia de las declaraciones por él presentadas, así como derecho a obtener certificación de los documentos presentados ante la Administración Tributaria y de las actuaciones administrativas en las cuales sea parte.
  • Derecho a que la información personal que proporcione a la Administración Tributaria sea utilizada por ésta únicamente para fines tributarios y que la misma no sea cedida a terceros sin el conocimiento y autorización del contribuyente, a menos de que se trate de una disposición judicial o de autoridad competente.
  • Derecho a acceder a los registros y documentos que formen parte de un expediente y que se mantengan en los archivos administrativos. Estos únicamente podrán ser solicitados por el obligado tributario que haya sido parte en el procedimiento tributario, de conformidad con la ley.
  • Derecho al debido proceso en sus relaciones con la Administración Tributaria.
  • Derecho a no aportar los documentos que ya se encuentran en poder de la Administración Tributaria, siempre que el sujeto pasivo indique la fecha y procedimiento en el que los presentó y que los mismos se encuentren vigentes.
  • Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte.
  • Derecho a interponer los medios de defensa previstos en la normativa contra cualquier acto administrativo.
  • Derecho al reconocimiento de los beneficios o regímenes fiscales aplicables de conformidad con la ley.
  • Derecho a participar gratuitamente en cursos de capacitación tributaria, organizados por la institución y dirigidos a la ciudadanía.
  • Derecho a formular quejas, sugerencias y felicitaciones en relación con el funcionamiento de la Administración Tributaria.
  • Derecho a denunciar malos tratos, extorsiones o cualquier otra actuación indebida de algún funcionario o empleado de la Administración Tributaria.

Siempre que se refieran a procedimientos de naturaleza tributaria y de competencia delServicio de Rentas Internas, todousuario podrá presentar

las quejas o sugerencias por la vulneración o transgresión de los derechos mencionados, para lo cual se ha previsto un mecanismo especial de tramitación de las mismas.

Reafirmando lo ya dicho, un correcto servicio y atención a los  contribuyentes supone una garantía de cumplimiento de los principios constitucionales, y es una manifestación patente de la existencia de un Estado de Derecho que busca eficiencia en su proceder.Hacer lo correcto correctamente, mediante el mejoramiento continuo debe ser la meta última de toda Administración Pública.

2.- Análisis del Programa de Asistencia e Información al Contribuyente en el Plan Operativo Anual 2011 del Servicio de Rentas Internas.

Como se ha señalado, existen principios y políticas institucionales sobre las cuales se sustentan las mejoras a la atención al contribuyente. Con base en las mismas, el Servicio de Rentas Internas ha construido una estructura de planificación estratégica que contempla aquellos principios, a través del respectivo Plan Operativo Anual, exigido por el Código de Planificación y Finanzas Públicas para las instituciones públicas.[8]

El Servicio de Rentas  Internas, en su Plan Operativo Anual 2011, ha implementado el Programa de Asistencia e Información al Contribuyente,  el cual está alineado con la Planificación Estratégica Institucional 2010-2013. Dicho Programa busca mejorar  el canal de atención presencial al contribuyente, debido a la gran demanda que se mantiene a nivel nacional.  A la vez, entregar al contribuyente nuevos y mejores canales de atención tomando en cuenta la innovación tecnológica y las facilidades que les brinda a los contribuyentes para el cumplimiento voluntario de sus obligaciones, teniendo como marco general las capacitaciones al contribuyente para llegar a una verdadera ciudadanía fiscal.”[9]

Para este efecto, se ha propuesto la implementación de cuatro proyectos que a continuación se analizan:

a) SRI-On line

Establecida como un complemento a la creación de la nueva página Web institucional, este plan busca la ampliación y mejora de la ofertade los servicios on line y masificación en la utilización del Internet.

Este proyecto consiste en:

  • Brindar información segmentada: para pymes y contribuyentes especiales, mediante la elaboración de contenidos especializados que atiendan las necesidades de información de ciertos sectores de los contribuyentes.
  • Consultas tributarias y de estado de trámites: a través de la página Web institucional implementar una base para consultas tributarias on line y consulta de trámites, tomando la información del Sistema Nacional de Trámites que dispone el SRI.
  • Notificaciones en línea: con el fin de hacer conocer oportunamente  los contribuyentes actos administrativos e información relacionada con el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
  • Documentación tributaria en línea: permitiendo la entrega vía Internet del Informe de Cumplimiento Tributario y Cálculos Actuariales.
  • RUC en línea: mediante la virtualización de procesos de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del RUC.
  • Declaraciones en línea e inconsistencias de declaraciones erróneas.
  • Canales de Comunicación por telefonía móvil: a través del cual se brindarán servicios de información al contribuyente.

b) Factura Electrónica

Este proyecto busca la implementación del mecanismo de facturación electrónica como mecanismo de ahorro de costos, protección ambiental y mejora de la gestión tributaria y parecería ser uno de los más ambiciosos para el Servicio de Rentas internas.

El proyecto consiste en que el contribuyente emita sus comprobantes de venta de manera electrónica, con una autorización en línea  por cada transacción o comprobante.  Una vez que el contribuyente se haya acogido a este esquema no podrá manejar comprobantes físicos como emisor.

La implementación del proyecto requiere ciertamente de una reforma normativa a nivel reglamentario, elaboración de procedimientos claros, capacitación previa a la ciudadanía y una adecuada difusión.

c) Ciudadanía Fiscal

Este proyecto se ha establecido en atención a  la importancia de establecer un vínculo con la población y socializar la trascendencia social y económica de los impuestos promoviendo su cumplimiento voluntario.

Este proyecto consiste en:

  • Asesoría tributaria especializada:dirigida a representantes legales o gerentes de empresas y PYMES, a través de un equipo técnico de capacitadores de la misma Administración Tributaria que les oriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, vía capacitaciones específicas. Adicionalmente se ha previsto la creación de un balcón de servicios para la atención preferente de estos contribuyentes.
  • Difusión del vínculo entre la inversión pública y el pago de los impuestos.
  • Programas de educación tributaria: a  nivel estudiantil, y ciudadano. Dentro de este proyecto se contempla la creación del portal de educación cívico tributario dirigido a grupos objetivos y capacitaciones a contadores públicos, entre otros.
  • Lotería Tributaria: cuya ejecución ha venido realizándose y de la cual se pretende difundir y expandir a ciudades periféricas mediante brigadas.

d) Mejoramiento en Ventanillas

Consiste en el mejoramiento de los canales de servicios en ventanilla, con los que la el Servicio de Rentas Internas  promueve y facilita a los contribuyentes el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias y deberes formales.

Este proyecto consiste en:

  • Medición permanente de niveles de satisfacción del contribuyente.
  • Establecimiento de proyectos integrales para solucionar las principales quejas de los contribuyentes: calidad de atención, calidad de información y capacitación de funcionarios.
  • Crecimiento de agencias y establecimiento de brigadas móviles.
  • Capacitación permanente a funcionarios de la Administración Tributaria.

Adicionalmente, el Servicio de Rentas Internas ha reportado los Resultados Operativos  del cumplimiento del POA 2011 al mes de septiembre de 2011 (cuyos beneficiarios son los contribuyentes)  de la siguiente manera:[10]

Nombre del proyecto

Monto

Plazo
(Meses)

Beneficiarios

Avance de ejecución
(en porcentaje)

Evaluación o Resultado

OPTIMIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE DEVOLUCIÓN DE IVA (OTROS SECTORES)

$ 200.000,00

42

CONTRIBUYENTE

35,80%

EN EJECUCIÓN

MANTENIMIENTO DE FORMULARIOS DE
IMPUESTOS A LA RENTA DERIVADOS DE LA REFORMA TRIBUTARIA 2009

$ 28.919,04

11

CONTRIBUYENTE

100,00%

CONCLUIDO

OPTIMIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE DEVOLUCIÓN IVA A TURISTAS EXTRANJEROS

$ 149.990,00

15

CONTRIBUYENTE

87,51%

EN EJECUCIÓN

DEVOLUCIÓN AUTOMÁTICA DE IVA SECTOR PÚBLICO

$ 35.190,00

24

CONTRIBUYENTE

99,71%

EN EJECUCIÓN

ESTANDARIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DEVOLUCIONES DE IVA TERCERA EDAD

$ 48.800,00

28

CONTRIBUYENTE

90,22%

EN EJECUCIÓN

MEJORAS AL SISTEMA DE FACTURACIÓN Y LISTA BLANCA

$ 162.000,00

16

CONTRIBUYENTE

97,72%

EN EJECUCIÓN

NUEVO ESQUEMA DE EMISIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

$ 1.078.710,00

44

CONTRIBUYENTE

52,36%

EN EJECUCIÓN

MEJORAS MATRICULACIÓN VEHICULAR

$ 50.000,00

14

CONTRIBUYENTE

100,00%

CONCLUIDO

Como se puede apreciar, ciertamente el Servicio de Rentas Internas posee uno de los más sólidos programas de atención al usuario de todas las instituciones públicas. A pesar de esto, no se ha individualizado el avance de ejecución de los proyectos señalados en el POA 2011, salvo el proyecto de facturación electrónica cuyo avance es del 52,36%, por lo cual no sería constatable con exactitud el cumplimiento de los mismos, más allá de su enunciación formal.

De cualquier manera, el presente análisis debe considerar que, de los indicadores de gestión del Servicio de Rentas Internas disponibles a septiembre de 2011[11], el índice de satisfacción del cliente alcanza el 80% (de satisfacción), que puede considerarse elevado para el sector público. No obstante, la madurez general de todos  los proyectos llega al 40% de su ejecución, lo cual deja ver que aún falta un largo camino por recorrer a fin de dar cumplimiento al POA 2011.

Para concluir, podemos mencionar que existe una falta de mediciones puntuales en cuanto a los avances y resultados de los proyectos de atención al contribuyente y de difusión de las mismas, lo cual dificulta la tarea de tomar el pulso con precisión a la actividad del Servicio de Rentas Internas. Sin embargo, son notorios los esfuerzos de la Administración Tributaria por hacer valer los derechos de los contribuyentes a partir del  establecimiento de políticas y programas que aterricen los principios legales y constitucionales de los administrados.


[1]Centro de Estudios de Política, Administración y Sociedad: www.ag.org.ar/cepas Acceso: 01/11/11.

[2] Art. 227 de la Constitución de la República.

[3]EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA, TOMÁS-RAMÓN FERNÁNDEZ, Curso de Derecho Tributario, THOMSON CIVITAS, Reimpresión de la duodécima edición, Madrid, 2005, p. 40.

[4] En el presente artículo analizaremos

[5]Registro Oficial 206 de 2 de diciembre de 1997

[6] Art. 226 de la Constitución de la República.

[7] Arts. 9 y 72 del Código Tributario

[8] Art. 1, 4 y 15 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

[9] Internet: http://www.sri.gov.ec/web/guest/plan-estrategico-y-proyectos Acceso: 26/10/2011

[10] Estadísticas proporcionadas por el Servicio de Rentas Internas vía Internet. http://www.sri.gov.ec/web/guest/plan-estrategico-y-proyectos Acceso: 26/10/2011

[11] Ibídem

“HERRAMIENTAS PARA FORTALECER LA SEDE ADMINISTRATIVA”

Septiembre 20th, 2012

Autor: Abg. Guillermo Gonzalo Lascano Báez

I

Planteamiento del Problema Ético

El alto nivel de litigiosidad en materia tributaria, con la consecuente congestión de causas en la función judicial, depende en gran medida, de la ineficacia de la sede administrativa para responder a las necesidades de solución de controversias por parte de los contribuyentes. De otro lado, la poca cultura tributaria que se evidencia en la población ecuatoriana, hace que un grupo considerable de contribuyentes opten por la dilatación excesiva de los procesos de determinación y recaudación.

Debemos recordar que la sustanciación en la sede administrativa es un pilar fundamental en el proceso tributario, en donde, idealmente, debería solucionarse gran parte de las controversias entre contribuyentes y la Administración Tributaria, quedando únicamente las causas residuales para la sustanciación en sede contencioso tributaria. Desde este punto de vista, existen conductas que faltan a la ética, en ambos “bandos”. Por lo tanto, el problema sustancial radica en la actitud de contribuyentes y administraciones tributarias que no han sabido entender que la verdadera naturaleza de cualquier procedimiento (sea administrativo o jurisdiccional) es llegar a un entendimiento justo, legítimo y válido. Por lo tanto, el ideal de la sede administrativa es evitar los perjuicios que ocasiona la demora tanto a las administraciones cuanto a los particulares (intereses recargos, etc).

Desde el punto de vista del Profesor Costarricense   Luis Enrique Rodriguez, “es poco razonable que los contribuyentes prescindan de una fase importante del proceso tributario con la intervención de un órgano especializado y técnico en la materia, que puede acoger sus pretensiones sin necesidad de ir a la vía jurisdiccional, que en modo alguno puede ser tan expedita, informal, oficiosa y económica como la vía administrativa.”

Podemos ver en la práctica del derecho tributario que la vía administrativa no ha sido considerada como una opción seria y real para poner componer de manera eficaz las discrepancias entre contribuyentes y administraciones tributarias, por una desconfianza mutua entre los sujetos de la obligación tributaria.

Siendo la falta de confianza mutua entre sujeto activo y sujeto pasivo uno de los principales problemas (producida por la arbitrariedad de la administración tributaria y la poca ética tributaria de los contribuyentes), consideramos importante rescatar cinco parámetros esenciales, en sus distintos modos,  para fortalecer la sede administrativa, a saber: simplicidad, transparencia, honestidad, celeridad, y eficiencia.

La aplicación de estos parámetros consagrados en el Art. 73 del Código Orgánico Tributario[1] junto con un cambio en la actitud de participantes del procedimiento administrativo, son garantía para la consagración de la justicia y un importante aprovechamiento de las oportunidades procesales más allá del simple formalismo.

El problema ético, entonces, consiste en buscar soluciones integrales a las causas que generan deficiencias en la sede administrativa e impiden un correcto entendimiento entre los contribuyentes y las Administraciones Tributarias.  Tales soluciones y planteamientos deben tener un alto sustento ético, basado en principios no solo jurídicos.

Jaime GaiteiroFortes en su artículo  “Simplificación deProcedimientos Administrativos” hablando sobre como fortalecer y simplificar la sede administrativa, nos dice: “Si esta es la situación, en nuestra opinión solo caben dos medidas:

  • Un cambio de concepción teórica que conduzca a esa simplificación del sistema que le haga más gestionable; quizá pasó la hora de las “grandes formulaciones” respecto a los objetivos de un sistema fiscal y proponemos uno más modesto pero que nos parece más realista: un sistema fiscal debe ser a la vez suficiente y alcanzar un razonable grado de justicia”. Para otros objetivos existen otros instrumentos más adecuados, y asignar un instrumento a varios objetivos es siempre my difícil cuando no contradictorio.
  • Efectuar tremendos esfuerzos en la dotación y modernización de la Administración Tributaria; pero esta tarea casi nunca resulta atractiva:
    • La reforma administrativa es siempre lenta  y muy poco espectacular;
    • Políticamente mu y poco rentable
    • Poca colaboración de los funcionarios
    • Altos riesgos en la fase de implantación”

La idea, entonces, es evitarel vicio de que con frecuencia las reformas administrativas no hayan pasado de grandes declaraciones de principios pero mínimos cambios en la realidad.

El mismo autor Jaime GaiteiroFortes , señala que “Hoy el peso de la realidad ha hecho comprender a casi todos, que el futuro inmediato de un buen sistema fiscal no pasa tanto por reformas legislativas sino por reformas administrativas que hagan que los objetivos teóricos  del sistema diseñado y los alcanzados en la práctica tiendan a aproximarse cada vez más. Las reformas legislativas más positivas en este sentdo serán las que potencien la función de control de la Adminsitración y simplifiquen sus procedimeintos.”

En este orden de ideas, Leonel Massad, en su obra “Simplificación Tributaria: Concepto, análisis y consecuencias”, ha tenido el acierto de indicar que “resulta aconsejable tratar de evitar modificaciones frecuentes en la legislación tributaria, en razón de las nuevas exigencias de diversos órdenes que tales cambios imponen, no solo a la administración sino también a los contribuyentes. Tanta importancia asignamos a este punto que nos atrevemos a afirmar que el peor enemigo que tiene la simplicidad, no es la complejidad, sino la inestabilidad.”

II

Desarrollo de Herramientas para Fortalecer la Sede Administrativa

1.- Aspectos Generales

A nivel legal, el sustento para buscar el fortalecimiento de la Sede Administrativa lo encontramos en el Art. 227 de la Constitución:

Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a lacolectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad,jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación,planificación, transparencia y evaluación.

El texto constitucional nos provee elementos, tanto legales como éticos, para un desarrollo profundo de herramientas que nos lleven a la consecución de una sede administrativa que sea en realidad un “servicio” eficaz, eficiente, de calidad desconcentrado, descentralizado, coordinado, participativo, planificado, trasparente y técnico.

Para este efecto, planteamos concretamente recomendaciones en las facultades la determinadora de la obligación tributaria; la de resolución de los reclamos y recursos de los sujetos pasivos y la potestad sancionadora por infracciones de la ley tributaria o sus reglamentos.
Dejamos de lado la facultad de recaudación de los tributos.

2- Herramientas para Fortalecer la Facultad Determinadora

Es fundamental el perfeccionamiento de la facultad determinadora, toda vez que, al constituirse como una función activa de la administración tributaria, da origen a muchas otras facultades. El Art. 87 del Código Tributario nos dice de esta facultad:

Art. 87.- Concepto.- La determinación es el acto o conjunto de actos provenientes de los sujetos pasivos o emanados de la administración tributaria, encaminados a declarar o establecer la existencia del hecho generador, de la base imponible y la cuantía de un tributo.

Cuando una determinación deba tener como base el valor de bienes inmuebles, se atenderá obligatoriamente al valor comercial con que figuren los bienes en los catastros oficiales, a la fecha de producido el hecho generador. Caso contrario, se practicará pericialmente el avalúo de acuerdo a los elementos valorativos que rigieron a esa fecha.

Para tal efecto, una primera consideración sería dotar a la administración tributaria de un “Sistema Maestro”  de información para efectos de realizar su facultad recaudadora. La idea consiste en unificar bases de datos de instituciones públicas claves con la administración tributaria:

  • Entre Administraciones Tributarias (información de contribuyentes, RUC, domicilio, actividad económica, exoneraciones, entre otras).
  • Administración Tributaria con el IESS (a fin de evitar controversias clásicas como gastos por aportaciones) de una manera real y completa.
  • Administración Tributaria con Registros de la Propiedad y Mercantiles.
  • Administración Tributaria con Municipios.

Debemos recordar que muchas de las controversias entre contribuyentes y la administración tributaria podrían verse mitigados si se contara con la suficiente información. Mediante la implantación de un  “Sistema Maestro”, se evitan suspicacias de los contribuyentes y arbitrariedades de la administración tributaria. Más adelante se explicarán otras ventajas de la implantación de este sistema.

Una segunda herramienta, consiste en la mejora de la comunicación entre el contribuyente y la administración tributaria  durante los procesos de determinación. Para este efecto, se propone lo siguiente:

  • Comunicar de oficio al contribuyente de todos los avances producidos  en los procesos de determinación.
  • Atender a las explicaciones que los contribuyentes realicen respecto de ciertos documentos, dejando todo constancia por escrito de las alegaciones de aquellos.
  • Fortalecer el mecanismo de presentación de observaciones al acta borrador de determinación.[2]

Una tercera herramienta que se propone es propiciar y fomentar las determinaciones  de menor espectro realizadas a partir del cruce de información con terceros, y las determinaciones masivas por inconsistencias en declaraciones. El requisito sine qua non para implementar esta medida es disponer del Sistema Maestro mencionado anteriormente. Tal herramienta disminuiría los costos de los procesos de determinación, y facilitaría la defensa de los contribuyentes, volviéndola puntual y precisa.

Finalmente, está demás mencionar que los derechos del contribuyente en sede administrativa cobran especial importancia a la hora de fortalecer la confianza de los contribuyentes. De manera general, la administración deberá procurar los siguientes derechos:

  • Tener conocimiento que está siendo objeto de una verificaciónTributaria.
  • De existir un requerimiento, ser notificado del mismo y saber el nombrede los funcionarios o empleados de la administración tributaria que hansido nombrados para realizar la verificación tributaria.
  • De tener acceso a las actuaciones en todo momento, ya sea por el
  • contribuyente mismo, o por el profesional que este designe
  • De ser tratado con el debido respeto y consideración por parte delpersonal de la Administración Tributaria.
  • De manifestar lo que estime pertinente en las actas que autoricen los
  • fiscalizadores actuantes.
  • De obtener copia de las actuaciones.

3.- Herramientas para Fortalecer la Facultad Resolutiva de Reclamos y Recursos

Aunque no constituye como tal una de las facultades de  gestión tributaria, la facultad resolutiva de reclamos y recursos es particularmente importante para efectos de fortalecer la sede administrativa, toda vez que implica el manejo de discrepancias con el contribuyente.Del éxito generalizado de esta etapa, depende en gran medida la disminución de la litigiosidad en sede judicial.

Para instrumentalizar lo dicho, el primer refuerzo de la facultad resolutiva debe centrarse en el momento procedimental inmediatamente posterior a la emisión del acto de determinación. En este punto hay muchas posibilidades que la doctrina y el derecho comparado nos han brindado. Por ejemplo, el Dr. José Vicente Troya en su artículo “El Derecho Formal o Administrativo Tributario” ha mencionado que “en Italia a partir de 1994 denominado accertamento con adesione mediante el cual se permite definir de común acuerdo entre la administración y los contribuyentes, antes o después de la expedición de la orden de determinación o accertamento, la deuda tributaria, definición que no puede ser impugnada a no ser que se descubran nuevos elementos, debiendo perfeccionarse el sistema con el pago de la obligación tributaria. De este modo se permite a la administración disponer del crédito fiscal para facilitar su recaudación y evitar la instauración de contenciosos[3]. A criterio de Garbarino en los casos de accertamento con adesione y de conciliación subyace una transacción tomando en cuenta que el contribuyente y la administración actúan en forma similar a cuanto acontece en la etapa precontractual[4]. Moschettiopina que este sistema  consiste en la búsqueda  común de la verdad, no de una transacción  que altere la verdad de los hechos y la corrección de la interpretación jurídica[5].” En cualquier caso, una aproximación transaccional previo al inicio de un reclamo administrativo es bienvenido tanto para la administración tributaria, como para el contribuyente. En este sentido, sería importante permitir al fisco, mediante una reforma legal, la transacción y conciliación con su contraparte, para efectos de establecer un convenio.

Siguiendo la misma tónica, se puede formular la facultad de la administración tributaria de formular acuerdos o pactos de mera tributación, en los casos de incertidumbre en los que no se pueda determinar la obligación tributaria ni su cuantía.

EL Dr. José Vicente Troya, citando a RomanSeer, habla además de los procedimientos de inspección previo a la expedición del acto administrativo  que ocurre en Alemania y a la posibilidad de que se produzca un trabajo cooperativo entre la Administración y el  obligado tributario, que puede derivar en un acuerdo final satisfactorio para las dos partes[6]. Entonces la autoridad y el obligado procuran eliminar las incertidumbres a través de una estimación  concreta o de la aplicación de un  método de estimación.

Existen muchas posibilidades más para concertar el disenso producido entre contribuyentes y administraciones tributarias, inclusive antes del planteamiento de un reclamo administrativo. Lo importante es tener en cuenta que existen bastas herramientas para tal efecto.

Por otro lado, es particularmente importante para el sistema tributario consolidar la resolución de controversias y reclamos por pago en exceso o pago indebido, en sede administrativa. La naturaleza de estos reclamos (que versan normalmente sobre asuntos de mero cálculo, datos, tarifas, etc.) hace que la resolución de los mismos consista en simples procedimientos de apreciación técnica. No resulta adecuado desde ningún punto de vista, que la mayoría de casos de pago en exceso o pago indebido, continúen en la vía judicial. El proceso judicial debería estar reservado para casos excepcionales.

Otra herramienta que aportaría importantes beneficios para agilizar y aportar fuerza en el proceso administrativo, sería establecer términos perentorios para la resolución de los recursos de revisión, particularmente en el Art. 147 del Código Orgánico Tributario. Ha sido muy discutida la posibilidad de disponer el silencio administrativo  para recursos de revisión, en vista de lo extraordinario de  los  mismos.  En todo caso, consideramos adecuado obligar a la administración a resolver oportunamente y con celeridad los recurso planteados por el contribuyente.

4.- Otras Herramientas para Fortalecer la Sede Administrativa

Las administraciones tributarias son los llamados a ser pioneros en la implementación de sistemas ágiles y eficaces para la realización de sus labores. En este sentido se ha dicho que un gran avance sería implantar un sistema de notificaciones electrónicas, como complemento del sistema ordinario de notificaciones.

Se ha estimado que  para el Ecuador  notificación judicial le cuesta al Estado alrededor de un dólar con 50 centavos y se realizan a diario cerca de 2,500 notificaciones.  En el mismo cálculo estimado se señala que la notificación electrónica tendría un costo de entre 10 y 30 centavos de dólar.

El Código Tributario en su Art. 107 nos dice las formas como se pueden producir las notificaciones:

Art. 107.- Formas de notificación.- Las notificaciones se practicarán:

1. En persona;

2. Por boleta;

3. Por correo certificado o por servicios de mensajería;

4. Por la prensa;

5. Por oficio, en los casos permitidos por este Código;

6. A través de la casilla judicial que se señale;

7. Por correspondencia postal, efectuada mediante correo público o privado, o por sistemas de comunicación, facsimilares, electrónicos y similares, siempre que éstos permitan confirmar inequívocamente la recepción;

8. Por constancia administrativa escrita de la notificación, cuando por cualquier circunstancia el deudor tributario se acercare a las oficinas de la administración tributaria;

9. En el caso de personas jurídicas o sociedades o empresas sin personería jurídica, la notificación podrá ser efectuada en el establecimiento donde se ubique el deudor tributario y será realizada a éste, a su representante legal, a cualquier persona expresamente autorizada por el deudor, al encargado de dicho establecimiento o a cualquier dependiente del deudor tributario.

Existe notificación tácita cuando no habiéndose verificado notificación alguna, la persona a quien ha debido notificarse una actuación efectúe cualquier acto o gestión por escrito que demuestre inequívocamente su conocimiento. Se considerará como fecha de la notificación aquella en que se practique el respectivo acto o gestión, por parte de la persona que debía ser notificada; y,

10. Por el medio electrónico previsto en el artículo 56 de la Ley de Comercio Electrónico.

(Lo señalado me pertenece).

El Código Tributario, en busca de lograr un eficaz cumplimiento por parte de la Administración Tributaria, ha tenido el acierto de contemplar las notificaciones por vía electrónica.

Lamentablemente, el Art.56 de la Ley de Comercio Electrónico, restringe de manera determinante el uso de las notificaciones:

Artículo 56.- Notificaciones Electrónicas.- Todo el que fuere parte de un

procedimiento judicial, designará el lugar en que ha de ser notificado, que no puede ser otro que el casillero judicial y/o el domicilio judicial electrónico en un correo electrónico, de un abogado legalmente inscrito, en cualquiera de los Colegios de Abogados del Ecuador.

Las notificaciones a los representantes de las personas jurídicas del sector público y alos funcionarios del Ministerio Público que deben intervenir en los juicios, se harán enlas oficinas que estos tuvieren o en el domicilio judicial electrónico en un correoelectrónico que señalaren para el efecto.

(lo señalado me pertenece).

A partir de esta norma podemos colegir la dificultad de aplicación automática para la generalidad de contribuyentes, toda vez que los únicos que pueden beneficiarse del uso de notificaciones electrónicas son abogados inscritos en los Colegios de Abogados del Ecuador.

La implementación de esta medida, al ser de tan amplio espectro, necesitaría un períodode adaptación a este cambio. En una primera etapa, sería ideal el uso facultativo y alternativo de cualquiera de los mecanismos previstos en el Art. 107 del Código Tributario, y progresivamente, hacer masivo y general este mecanismo de realizar notificaciones.

5.- Consideración Final y Recomendación para Fortalecer la Sede Administrativa

El autor Douglas PompilionBaggia, en su ponencia denominada “SIMPLIFICACION DE LOS PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS” ha expuesto de manera magistral los retos para lograr una mejora consistente en la sede Administrativa en los siguientes términos: “En síntesis, en un sistema tributario moderno resulta indispensable liberar alcontribuyente del cumplimiento de aquellas obligaciones formales quepueden ser suplantadas, en la consecución de su objeto inmediato, porotros mecanismos que hagan menos engorrosa su actuación ante elfisco y le garanticen a éste el recaudo de las sumas correspondientes alas obligaciones tributarias sustanciales en forma oportuna y segura.Finalmente, frente a las medidas de simplificación administrativa yprocedimental, el reto de la Administración Tributaria lo constituye lacreación de los sistemas de información tributaria, herramienta sin la cual

queda impedida de desarrollar sus funciones esenciales y de apoyo demanera eficiente y eficaz.”

Hemos visto  durante este trabajo que solo las aportaciones concretas y sencillas pueden tener un impacto real y efectivo como fortalecedores de la sede administrativa. En este sentido se han propuesto varias herramientas que abarcan desde la facultad determinadora hasta la facultad resolutiva, para conseguir un proceso administrativo eficiente y justo que beneficie tanto al contribuyente como a la administración tributaria de manera abstracta.

El tema ético que subyace en este trabajo, consiste en la actitud tanto de contribuyentes como de la administración tributaria para afrontar directamente la resolución de controversias, y discrepancias. De la voluntad concreta de ambas partes para concertar y llegar a acuerdos, dependerá el éxito de cualquier reforma encaminada a fortalecer la vía administrativa. Por sobre todas las cosas, es fundamental que las partes reconozcan la importancia de la sede administrativa, a fin de superar la alta litigiosidad imperante en materia tributaria.


[1]Art. 73.- Normas de acción.- La actuación de la administración tributaria se desarrollará con arreglo a los principios de simplificación, celeridad y eficacia.

[2]El RALORTI indica que el proceso de verificación, cruce de información, análisis de las declaraciones, informes, sistemas, procesos y demás documentos se levantará la correspondiente acta borrador de determinación tributaria, en la cual, en forma motivada, se establecerán los hechos que dan lugar a la determinación de valores a favor del Fisco por concepto de impuestos, intereses, multas y recargos aplicables, o de valores a favor del sujeto pasivo. El acta borrador de determinación tributaria será revisada por el funcionario responsable del proceso de determinación conjuntamente con el sujeto pasivo, para lo cual la Administración Tributaria dispondrá su comparecencia mediante oficio debidamente notificado al sujeto pasivo. Durante la comparecencia se entregará al contribuyente un ejemplar del acta borrador correspondiente y la Administración Tributaria explicará las diferencias encontradas, los cálculos efectuados y los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en el acta de determinación, finalizado lo cual se levantará un acta en la que se sentará razón de la comparecencia, y de darse el caso, se expondrán las observaciones efectuadas por el sujeto pasivo; la elaboración de esta acta seguirá el procedimiento establecido en el artículo referente a requerimientos de información dentro de un proceso de determinación tributaria.

A partir del día siguiente a la revisión del acta borrador, el sujeto pasivo tendrá el plazo improrrogable de veinte días para aceptar las glosas y los valores determinados, o para fundamentar sus reparos al acta borrador, para lo cual deberá presentar a la Administración Tributaria los respectivos documentos de descargo, en cuyo caso se elaborará un acta en la que se sentará razón de la información y de la documentación recibida; la elaboración de esta acta seguirá el procedimiento establecido para la recepción de información dentro de un proceso de determinación tributaria.

[3] F. BATISTONI FERRARA, L’accertamento con adesione e I’nterpello, enRivista di Diritto Tributario Internazionale, pp.9 y 11.

[4] C. GARBARINO, La tutela giustiziale tributaria tra procedimiento e processo, en Rivista di Diritto Tributario Internazionale, pp.34.

[5] FRANCESCO MOSQUETTI, Las posibilidades de acuerdo entre la administración financiera y el contribuyente en el ordenamiento italiano, en Convención y Arbitraje  en el Derecho Tributario, Instituto de Estudios Fiscales, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S:A; , Madrid, 1996, pp. 126.

[6] ROMAN SEER, Contratos, transacciones y otros acuerdos en Derecho Tributario Alemán, en Convención y Arbitraje en el Derecho Tributario, Ob. cit., pp. 139 y siguientes.

PROYECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS “IMPUESTOS VERDES” EN EL ECUADOR

Febrero 28th, 2012

Autor:   Guillermo Gonzalo Lascano Báez

 

1- Introducción; 2.- La Protección al Medio Ambiente en la Constitución Ecuatoriana;       3.- Aspectos Constitucionales de la Política Fiscal y Régimen Tributario para la Protección del Medio Ambiente; 4.- Los “Impuestos Verdes” y su Proyección Constitucional; 5.- Conclusiones

 

1.- Introducción

Hoy en día a nadie le resultan ajenas las expresiones “calentamiento global”,  “efecto invernadero”, “cambio climático”, entre muchas otras, que apuntan unívocamente al deterioro ambiental que ha experimentado el planeta desde los inicios de la Revolución Industrial. La actividad humana ha sido capaz de modificar drásticamente el entorno natural, con las severas implicaciones que ya están a la vista. La situación, según muchos entendidos en el tema, llega a comprometer el futuro de la especie humana durante el siglo siguiente. [1]

 

Así  planteado el panorama, y en consideración no solo a las repercusiones económicas, sino también con un sentido profundamente humano y ecológico, el derecho se ha visto avocado a plantear acciones concretas para detener el daño ambiental con sus consecuencias irreversibles. En tal virtud, el Estado, con toda su institucionalidad, se enfrenta al inevitable deber de precautelar la sustentabilidad y sostenibilidad futura de su población, haciendo uso de todo el aparataje que tiene a su disposición. De esta manera, llegamos a encontrar que la normativa tanto nacional como internacional,  prevé multiplicidad de “acciones afirmativas”[2] a favor del medio ambiente, con mayor o menor éxito.

 

Ante la obligación compulsoria de preservar el medio ambiente por parte del Estado, cuya fuente primigenia se encuentra en la conciencia del pueblo soberano de cuidar su entorno, la Constitución ecuatoriana del año 2008, también previó una serie de derechos, políticas públicas, y mecanismos de protección a la naturaleza que, con muchos cuestionamientos teóricos de por medio, incentivan y promueven el respeto, cuidado y preservación del entorno natural, como una condición para el Buen Vivir. Para el presente ensayo, nos resultan particularmente importantes los nuevos planteamientos constitucionales sobre la política económica, política fiscal y régimen tributario que refuerzan el rol del Estado  frente al deber de protección medioambiental.

 

Como consecuencia de lo expuesto, el derecho tributario no se ha quedado a la cola para plantear aportes que contribuyan a este objetivo común de toda la especie humana. La incorporación de conceptos como “impuestos verdes”, “desarrollo sustentable y sostenible”, “economía verde”, entre otras,  ha producido  una reformulación de principios constitucionales, normativos, y doctrinarios de tal suerte que el aspecto ecológico sea tomado en cuenta muy en serio para esta rama del derecho.

 

Con la expedición de la nueva constitución ecuatoriana, se ha fijado el marco dentro del cual el derecho tributario ha de buscar el fin extra fiscal de los tributos de  promover las conductas ecológicamente responsables. Varias normas ya han sido promulgadas con este carácter “verde”, de las cuales podemos resaltar el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones[3], el cual contempla incentivos y beneficios tributarios para quienes ejerzan su actividad económica de manera responsable con la naturaleza, así como  otras reformas tributarias menores que se explicitarán en el presente ensayo. Se prevé que en un futuro inmediato proliferen iniciativas que  busquen el cometido constitucional de protección medioambiental, a través de la política fiscal y tributaria.

 

A continuación, buscaremos demostrar la proyección constitucional que tienen los denominados “impuestos verdes” a la luz de los principios y garantías constitucionales en el Ecuador, así como el sustento normativo y doctrinario para la implementación de un régimen tributario que, sin desestimular el desarrollo económico, la libertad de industria y empresa, entre otros derechos, incentive las conductas ecológicas y las buenas prácticas medioambientales. También analizaremos los posibles problemas jurídicos para la implementación de impuestos ecológicos, con  las  recomendaciones del caso.

 

2.- La Protección al Medio Ambiente en la Constitución Ecuatoriana

El problema de la relación entre la especie humana con la naturaleza es de larga data. Desde siempre, el ser humano ha discurrido sobre el lugar que ocupa en la naturaleza, y el derecho que tiene de servirse de ella. Desde el mismo libro del Génesis en su Capítulo 1 versículo 26, se encuentra la autorización Divina para que los seres humanos  sean amos y señores, de cuanto hay en la tierra: “Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que ellos dominen los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los reptiles… y creó Dios el hombre a su imagen; a imagen de Dios los creó; varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; dominad lo peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra”.  

 

Con el inicio de la modernidad, marcada por el estrepitoso inicio de la primera  Revolución Industrial, quedó claro para la civilización occidental que la humanidad tenía carta libre para dominar los recursos naturales a su antojo. Con oportunidad de aquel momento histórico, se consideró como válida, legítima y necesaria la explotación de la naturaleza para sostener el desarrollo económico nunca antes visto.[4] Tal concepción  fue predominante hasta la primera mitad del siglo XX, en la cual se comenzó a evidenciar las consecuencias nocivas de la explosión industrial, en cuanto a su impacto con el medio ambiente.

 

Ante el temor de daños irreversibles y permanentes que comprometan las futuras generaciones, se aprobó el 16 de junio de 1972 la Declaración de Estocolmo sobre el medio humano, de la que el Estado Ecuatoriano es suscriptor,  la cual marca el inicio de la protección jurídica de la naturaleza a nivel internacional. Desde ahí, han sido múltiples las iniciativas que han reproducido esta preocupación por el cuidado del ecosistema.

 

En palabras de Ramiro Ávila, “podríamos afirmar que la Declaración de Estocolmo es la piedra angular del derecho ambiental moderno y el impulsor definitivo del movimiento social denominado Verde. El derecho ambiental ha tenido un desarrollo conceptual notable tanto a nivel doctrinario (existen incluso especializaciones universitarias, en varias disciplinas, sobre el ambiente) como a nivel normativo. Podría afirmarse, sin temor a equivocarse, que casi todos los países de influencia occidental cuentan con códigos ambientales, que tienen como objeto establecer restricciones y salvaguardas al medio ambiente. Existen reglas, directrices, autoridades administrativas y prohibiciones en relación a la forma como se debe tratar al medio ambiente. El derecho a la propiedad ha sufrido serias restricciones y controles. No existe, pues, plenas facultades de disposición, ni de uso y usufructo.”[5]

 

Por su parte, el Ecuador si bien no ha sido un país con altos índices de contaminación industrial por emisiones de CO2, sí ha sufrido daños ambientales considerables, de los cuales se puede mencionar la destrucción de ecosistemas amazónicos por efecto de la explotación hidrocarburífera,  tala de bosques, contaminación de fuentes de agua, desaparición de especies, entre otras.  Esto motivó al Estado, a la suscripción de sendos tratados internacionales que comprometían al país en la adopción de políticas públicas que detengan, mitiguen, prevengan o sancionen los daños al ecosistema. Entre los más importantes se encuentran:

  • Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América.
  • Convención para el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Extinción 
  • Tratado de Cooperación Amazónica.
  • Convención para la protección del patrimonio mundial cultural y natural.
  • Convenio sobre Diversidad Biológica.
  • Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono.
  • Protocolo de Montreal sobre Sustancias que Agotan la Capa de Ozono.
  • Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación.
  • Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
  • Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
  • Programa 21.
  • Declaración sobre Bosques.

 

Atentos a la problemática ecológica compleja que se ha venido desarrollando desde aquel entonces hasta el día de hoy, la Constitución ecuatoriana del año 2008 en un notable intento de elevar a nivel constitucional  la protección del medio ambiente, adoptó una serie de principios, derechos y garantías tendientes a la consecución del Buen Vivir. Tanto es así, que desde el preámbulo constitucional se consagra Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay”[6]

 

En primer lugar, se avala el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el Buen Vivir (también denominado sumak kawsay), lo que  conlleva a la declaratoria de utilidad pública la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. Adicionalmente el Estado tiene la obligación de promover el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. [7]

 

En segundo lugar, la Constitución de la República ha emprendido un reconocimiento normativo importante, con toda la construcción teórica y doctrinaria que ello implica,  al señalar a la naturaleza como sujeto de derechos en el segundo inciso del artículo 10, al disponer lo siguiente: “Art. 10.-(…) La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución.” A continuación, desde los artículos 71 hasta el 74, se reconoce a la naturaleza el derecho al respeto integral de su existencia, el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos y el derecho a su restauración integral.

 

Sin que sea materia de nuestro análisis la disquisición sobre la plausibilidad de la naturaleza como sujeto de derecho, resulta fundamental entender el quid de las normas constitucionales que así lo reconocen. Desde este punto de vista, ”el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos responde a un debate aun inconcluso en la historia de la humanidad, específicamente promovido por la filosofía ecológica respecto al antropocentrismo o biocentrismo jurídico, este ultimo entendido como una ética de la tierra según Leopold (…) el debate de otorgar derechos a la naturaleza se relaciona con la necesidad de alejarnos de la visión cultural antropocéntrica que la humanidad tiene desde tiempos remotos y la de aproximarnos a una relación holística o ecocentrica, que reconozca el valor intrínseco de la naturaleza, que mire al ser humano como parte de un sistema y no como un ente separado, jerárquicamente superior a todo lo que le rodea, situado en el centro, alrededor del cual giran los elementos naturales y los demás seres vivos.”[8] A esto se debe añadir que el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos obedece a una reafirmación de la cosmovisión indígena respecto del respeto y convivencia armónica con la naturaleza.

 

De lo anteriormente expuesto, podemos apreciar que, desde la suscripción de la Convención de Estocolmo hasta la expedición de la Constitución del año 2008, el ordenamiento jurídico ecuatoriano ha consolidado un proceso de evolución normativa en busca de conseguir la tan anhelada armonía con el medio ambiente. La ruptura de paradigmas ambientales en el ámbito constitucional, junto con la prioridad que se le ha dado al cuidado del ecosistema, se ha filtrado hacia todas las esferas del derecho, alcanzando, inclusive, al distante y “esotérico” derecho tributario, como veremos a continuación.

 

3.- Aspectos Constitucionales de la Política Fiscal y Régimen Tributario para la Protección del Medio Ambiente.

La protección medioambiental es un eje rector en la Constitución Ecuatoriana. Pocos temas son más desarrollados por la Norma Suprema como aquel. Podríamos decir que todos los principios, reglas, derechos y garantías constitucionales se encuentran impregnados de un matiz ecológico. Por lo tanto, no nos sorprende que la política económica, la política fiscal, el régimen tributario, y de manera general las finanzas públicas, sintonicen con  el mandato de protección del ecosistema y del entorno natural. Consecuentemente es política de estado  desestimular prácticas y conductas económicas  de cualquier índole, que generen daños directos o indirectos al medio ambiente, para lo cual resulta legítimo servirse de impuestos, tasas y contribuciones que afecten directamente a quienes contaminan.

 

Así, para lograr penetrar en la esencia de los aspectos constitucionales de la política fiscal y tributaria para la protección del medio ambiente, debemos comenzar con un planteamiento de aquellas políticas públicas que comprometen al Estado a protegerlo en todo el espectro de sus decisiones. En primer lugar tenemos que es obligación del Estado ecuatoriano promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir[9], lo que implica que a todo nivel, la sustentabilidad del desarrollo se vuelve una regla de acción concreta y efectiva, así como la redistribución de la riqueza. Este mandato constituye el punto de partida para sustentar políticas verdes que busquen este cometido, entre los cuales los impuestos constituyen solo uno de los vastos elementos de los que se dispone para hacer efectivas aquellas políticas públicas. Por lo tanto, el legislador ha de tomar muy en cuenta que es una pretensión legítima del pueblo soberano la expedición de leyes de toda índole, que estimulen el desarrollo sustentable, así como la redistribución de la riqueza. Por su parte, el ejecutivo, en su rol de rector de la Administración Pública ha de procurar aterrizar dichos principios para su plena y completa vigencia y aplicabilidad.

 

En segundo lugar, tenemos que remarcar el compromiso directo del Estado ecuatoriano respecto a la adopción de políticas medioambientales. Según la Constitución se garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. Adicionalmente las  políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.[10] De lo que se sigue que ninguna política pública será ajena al tema del cuidado ambiental, menos aún cuando se refiera a temas de estrecha afectación al medio ambiente.

 

En cuanto al sistema económico, encontramos una sensibilización del Asambleísta Constituyente sobre la importancia que tiene el medio ambiente en el desarrollo, sin desvincular la responsabilidad de la especie humana de cuidar su entorno. Así, en el ordenamiento Constitucional se habla de un sistema económico social y solidario, que reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.[11] De aquí, que la actividad económica encuentra una limitación intrínseca e impide que tanto el sector público como el sector privado de la economía  desconozcan la comunión entre el ser humano y su ecosistema.

 

De manera conexa, todos los habitantes tienen el derecho a desarrollar actividades económicas, en forma  individual  o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental,[12] siendo este último aspecto una obligación condicionante. Así también lo  ha previsto la Carta Política al establecer como deberes y responsabilidades  de las ecuatorianas y ecuatorianos, el respeto a los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.[13]

 

 Lo esencial de las obligaciones de los particulares, redunda en la importancia que el sector privado tiene en el desarrollo económico del país. Las actividades productivas, extractivas, industriales o comerciales, tienen un impacto directo sobre el medio ambiente. En este sentido, el establecimiento de tributos verdes obedece,  principalmente, a una política pública de llegar a la sostenibilidad entre el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente.

 

Al respecto, es interesante el planteamiento de Mario Peña Chacón al afirmar que “de esta forma, por un lado se encuentra  el derecho de propiedad, y por otro, el derecho de todo persona de gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  Es así como, la propiedad empieza a sufrir limitaciones de carácter ambiental que buscan no sólo, un desarrollo sostenible, sino también, armonizar la dualidad existente entre los intereses particulares y el interés público ambiental. Para cierto sector de la doctrina la función ambiental de la propiedad es autónoma e independiente de las funciones económicas y sociales. Para otros, la misma  se encuentra contemplada como parte de la función económico-social.”[14]

 

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, y no podría ser de otra manera,   se sigue que  la política fiscal del Ecuador reafirma  los principios de protección a la naturaleza,  en sus tres objetivos específicos, a saber: 1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos; 2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados; y 3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes  sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios,  socialmente deseables y ambientalmente aceptables.[15]

 

En este punto cabe resaltar que la dirección de la política fiscal ha sido atribuida por mandato constitucional al poder Ejecutivo, quien está obligado a perseguir los fines ya señalados en materia fiscal y ambiental. Sin embargo frente a la  posibilidad de creación de tasas y contribuciones especiales que busquen un fin ecológico por parte de los Gobiernos Seccionales Autónomos podría generarse problemas en cuanto aquellos persigan pretensiones fiscales  distintas a las del Gobierno  Central (V.g. gravar una misma manifestación de riqueza, por ejemplo las emisiones de automotores).[16] Frente a esto, consideramos que la normativa Constitucional en general, y el ordenamiento jurídico en particular, son claros al establecer el régimen de competencias  descentralizadas y coordinadas para evitar las contraposiciones en la ejecución de políticas del cuidado al medio ambiente, desde la perspectiva fiscal. De cualquier forma, de haber manifiesta contraposición entre las políticas adoptadas por los distintos niveles de gobierno, el Gobierno Central está facultado para intervenir al Gobierno Autónomo Descentralizado a fin de hacer cesar la omisión o deficiente ejecución de competencias.[17] Sin embargo, es preciso comprender que las decisiones fiscales verdes surten mejor efecto, en la práctica, en un ámbito de aplicación  local, por sus propias peculiaridades, lo cual veremos más adelante.

 

En cuanto al régimen tributario, elemento constitutivo de la política fiscal, se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Tienen prioridad y preeminencia los  impuestos directos y progresivos. El Estado, mediante el régimen tributario, está obligado a procurar la redistribución de la riqueza y a estimular el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. [18]

 

De la lectura de la norma constitucional ecuatoriana, queda una impresión de laxitud y desidia  en cuanto a la proyección extrafiscal de los tributos para el cuidado del medio ambiente, si se lo compara con el enérgico empeño que se ha hecho constar en otras partes de la Constitución. Adicionalmente, recalcamos la complementariedad y armonía ponderada que deben mantener los demás principios del régimen tributario con la promoción de conductas ecológicas.

 

En resumen, podemos apreciar que toda la  estructura tributaria se encuentra sustentada en los principios de cuidado al medio ambiente, que delimitan de la mejor manera posible la creación, aplicación y gestión de los tributos. Dichos principios trascienden a las funciones fiscales de asignación (en cuanto a la provisión de bienes sociales, y las políticas de regulación), distribución (ajuste de la distribución de la renta y riqueza en busca de equidad y justicia en la sociedad), y estabilización (utilización de la política presupuestaria para mantener el empleo, estabilidad de precios, y crecimiento económico)[19].

 

4.- Los “Impuestos Verdes” y su Proyección Constitucional

Los “impuestos verdes” son una denominación genérica acuñada para referirse de manera indistinta a la política tributaria cuya finalidad extra fiscal primordial consiste en la protección del medio ambiente. Dichos instrumentos fiscales obligan normalmente  a quienes contaminan a pagar impuestos, tasas o contribuciones  que reflejen los costos que implica la contaminación para la sociedad, así como incentivar a quienes tienen conductas económicas ambientalmente responsables a continuar haciéndolo.[20] En el presente ensayo, entendemos por “impuestos verdes” a todos los tributos que puedan tener el efecto señalado supra.

 

 La aparición de los impuestos ambientales, o “verdes, es reciente en el desarrollo tanto normativo como doctrinario, lo cual se traduce en que los conceptos esenciales de los mismos se encuentran en construcción. En el Ecuador, todavía han sido tibios los intentos de una reforma fiscal verde bien estructurada, que comprenda una política fiscal sostenida, más allá del establecimiento de impuestos y reformas muy puntuales. Desde la promulgación de la Constitución del 2008 hasta el momento, únicamente se han llegado a concretar dos reformas legales que pueden ser catalogadas de “verdes”: a) Las reformas  introducidas por el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, publicado en el suplemento del R.O. 351 del 29 de diciembre de 2010[21]; y b) las reformas introducidas por la  Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria publicadas, publicada en el suplemento del R. O  94 del 23 de Diciembre 2009.[22]

 

El establecimiento de un tributo “verde” obedece a una política de estado establecida en la Constitución que busca evitar los impactos ambientales negativos[23],  y la mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica[24], entre otras medidas ya señaladas. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente aquellos tributos “son instrumentos especialmente eficaces para la internalización de las externalidades, es decir la incorporación directa de los costes de los servicios y perjuicios ambientales (y su reparación) al precio de los bienes, servicios y actividades que los producen; y para contribuir a la aplicación del principio de «pago por el contaminante» y a la integración de las políticas económica y ambiental.[25]

 

Entre otros beneficios que pueden proporcionar  los “impuestos verdes”, además del incremento en la recaudación, se incluyen  incentivos para que tanto consumidores como productores cambien de comportamiento en la dirección de consumir productos ambientalmente amigables, estimular la innovación en los procesos productivos y renovación tecnológica.

 

Una característica fundamental de los “impuestos verdes” es que siempre deben ir acompañados de políticas a nivel económico que acompañen y refuercen la decisión tributaria. Ha demostrado ser poco exitosa en el mundo la imposición aislada. Normalmente, las políticas complementarias van en busca de  potenciar los incentivos que tienen los causantes de la contaminación para reducirla. Jim Prust, del Fondo Monetario Internacional ha dicho citado un ejemplo esclarecedor: “existe una amplia variedad de productos químicos que pueden ser extremadamente peligrosos si se usan o desechan en forma inadecuada, pero que resultan relativamente inocuos si esto se hace en la forma correcta. Un impuesto que grave la compra de esos productos y que deba pagarse independientemente del uso que se les dé o de la forma en que se desechen sería un instrumento con objetivos muy reducidos y, entre otras carencias, no ofrecería un incentivo para que su disposición final sea segura.”[26]

 

En cuanto a la clasificación de los impuestos verdes, la doctrina no es unánime a la hora de categorizarlos. Consideramos que la más sólida clasificación la ha dado la Unión Europea, al clasificar los tributos ambientales por su finalidad, a saber:[27]

  • Tasas de cobertura de costes: Buscan cubrir los costes de las remediaciones ambientales, y las medidas de control de la contaminación.
  • Impuestos incentivo: Buscan incentivar conductas de los productores y consumidores, para beneficiar las elecciones ecológicas; y
  • Impuestos ambientales de finalidad fiscal: creadas principalmente para aumentar la recaudación.

 

Para  configurar una exacción ecológica, se debe tomar en cuenta una serie de consideraciones técnicas y jurídicas de tal suerte que los tributos establecidos no agraven el problema de manera innecesaria, lo cual en la experiencia internacional, más de una vez ha pasado,  y tampoco interfieran con otros principios y derechos constitucionales (sean o no tributarios).

 

El hecho generador de los “impuestos verdes” debe tener una relación lo más estrecha posible con el problema ambiental que se desea desestimular. Por mandato de la Constitución, está circunscritos a los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se propenderá a que la imposición ecológica sea directa. Las principales categorías de bases imponibles de los impuestos verdes son:

  • Emisiones al aire
  • Sustancias que reducen la capa de ozono
  • Efluentes al agua
  • Fuentes difusas de polución al agua
  • Gestión de residuos
  • Ruido (despegue y aterrizaje de aviones)
  • Productos energéticos (Gasolina, carbón gas, electricidad)
  • Transporte
  • Recursos (extracción de recursos no renovables)

 

Desde una visión apriorística los tributos ambientales son coherentes con el principio de generalidad y no supone una dificultad para su eficacia que sea así. En cuanto al principio de progresividad, el establecimiento de escalas en función del nivel técnico de contaminación ambiental podría ser una solución. Por otro lado, los principios de eficiencia, simplicidad administrativa, y suficiencia recaudatoria, suponen un problema serio para la implementación de “impuestos verdes” en el Ecuador, lo cual a continuación se analiza.

 

En primer lugar, con motivo de la coyuntura del proyecto de reformas ecológicas planteadas por el gobierno para este año 2011, se ha discutido amargamente sobre la proyección extra fiscal de los impuestos verdes en relación con su eficacia. Se ha argumentado en contra de los “impuestos verdes” que responden a un afán recaudatorio del gobierno, más que a inhibir las conductas contaminantes en la población. Consideramos que dichas críticas no tienen un real sustento constitucional o legal, y resultan insuficientes para no dar paso a los tributos ambientales que se pretenden implementar en el Ecuador. Al respecto, el Profesor José Vicente Troya Jaramillo ha sido muy claro al entender que el tributo desde su esencia tiene un fin recaudatorio, por disposición de la misma constitución. Así, “De la Garza sostiene que un tributo no destinado a cubrir el gasto público sería inconstitucional. Apoya su aserto en la jurisprudencia. En similar sentido, Eusebio González afirma que el tributo antes de todo y por sobre todo es un instrumento jurídico ideado para cubrir los gastos públicos y que una prestación que no tenga esa finalidad puede tener mucho interés, mas, no se la puede considerar tributo.[28] Por lo tanto, si bien la proyección extra fiscal de los “impuestos verdes” responden a una política de estado de protección y preservación del ecosistema, no es menos cierto que  los tributos han de servir para financiar los ingresos corrientes del estado en igual proporción.

 

En segundo lugar,  se ha cuestionado la  supuesta repercusión en la competitividad, y la afectación a ciertos sectores productivos, con la consecuente “disminución de empleos” que se generan a partir de la imposición ecológica. Al respecto, la Constitución del 2008 es lo suficientemente clara como para resolver dicho cuestionamiento. Si bien los particulares tienen el derecho a desarrollar actividades económicas en forma  libre, deberán respetar los principios de solidaridad, y responsabilidad social y ambiental. Por lo tanto, el pago de impuestos por una actividad contaminante es la forma más tangible de asumir la responsabilidad ambiental señalada en la Constitución. En lo demás, la competitividad puede verse estimulada mediante impuestos bien diseñados que puedan incentivar la innovación y un cambio en las conductas de consumo de la población.

 

Por otro lado la fijación de las tarifas para los impuestos ambientales, supone un problema más de índole técnica que jurídica. No obstante, tal como lo afirma Jim Prust, “la tarifa  no puede fijarse arbitrariamente sin comprometer su base lógica y, quizás, el fundamento mismo a partir del cual se recabó el apoyo político para su aplicación. La tasa impositiva debe estar de alguna manera vinculada a los costos generados por el problema ambiental que intenta resolver.”[29]A esto añade:  “El análisis que en principio debería servir de base para la determinación de una tasa impositiva puede dividirse teóricamente en tres partes: la primera es la identificación del origen del problema que se va a tratar, por ejemplo, las emisiones de determinados contaminantes del aire; (…) esto determinará la elección de la base imponible. La segunda es reunir conocimientos sobre los efectos nocivos de los cambios en las actividades de dicha base como, por ejemplo, un aumento de la frecuencia de las enfermedades respiratorias. Finalmente, debe atribuirse a tales efectos un valor monetario.” Las dificultades técnicas como políticas serán siempre un factor que deberán franquear los tributos verdes, pero que pueden superarse mediante un diseño minucioso del tributo y  mediante la utilización de los impuestos ambientales y de las rentas obtenidas como parte de paquetes de medidas programáticas y de reformas fiscales verdes. [30]

 

A fin de llegar a un real y efectivo régimen de tributación ecológica debemos recordar la teoría del umbral tributario, según la cual  siempre se generan resistencias colectivas a nuevos impuestos. Adicionalmente es probable que los beneficios  de la reducción de la contaminación no sean apreciados por la población como un bien tangible, ni que la proyección extra fiscal muestre sus resultados a corto plazo.[31]  Más aún cuando no es fácil evaluar un impuesto y su repercusión ambiental, y  no siempre puede identificarse con claridad la efectividad del mismo. Si bien son razonables  los reparos   señalados, no son excusa válida para dejar de lado la obligación Estatal de adoptar medidas tributarias a favor de la responsabilidad medioambiental. En este sentido, es responsabilidad del mismo Estado implementar una  aplicación gradual de “impuestos verdes”, así como informar adecuadamente a la población sobre los fines de los tributos ecológicos.

 

5.- Conclusiones

La promulgación de la Constitución del año 2008 supuso un avance dramático en la consagración de políticas públicas de cuidado del medio ambiente. La configuración de una política económica y fiscal ambientalmente responsable, que en todos los casos  busque el cuidado de la naturaleza, dio paso directo a que el régimen tributario adopte como política de Estado la imposición ecológica.

 

En este contexto, los “impuestos verdes” son una iniciativa del derecho tributario para aportar al cuidado y prevención del deterioro del medio ambiente. La plausibilidad de estos impuestos es una política de Estado, en virtud de la cual se han de dirigir futuras reformas tributarias. Estos instrumentos de política fiscal responden perfectamente a su doble dimensión fiscal/ extrafiscal.

 

Por otro lado, los sujetos pasivos de las obligaciones tributarias generadas a partir de los “impuestos verdes”, tienen una responsabilidad moral tributaria de mayor calibre frente a otros contribuyentes. De su parte, el estado tiene la obligación de establecer bajo parámetros técnicos los hechos generadores, así como las tarifas de cada impuesto, en miras de no perjudicar indebidamente a terceros, ni agravar el daño ambiental que se pretende prevenir.

 

 

 


[1] http://www.portalplanetasedna.com.ar/cambio_climatico.htm

[2] Si bien el término “acción afirmativa” se utiliza en el contexto de la discriminación positiva favorable a grupos vulnerables, hoy por hoy la doctrina también la reconoce en el contexto dela protección al medio ambiente.

[3] REGISTRO OFICIAL No. 351. Miércoles 29 de diciembre del 2010

[4] Montenegro, Augusto. “Historia del Antiguo Continente”. Editorial Norma, duodécima edición. Bogotá, Colombia.

[5] Ávila, Ramiro. Artículo “El derecho de la naturaleza: fundamentos”.

[6] Preámbulo de la Constitución de la república del Ecuador del año 2008.

[7] Arts. 14 y 15 de la Constitución de la República del Ecuador del año 2008.

[8] Crespo, Ricardo. “La Naturaleza como Sujeto de Derechos: ¿Símbolo o Realidad Jurídica?”. Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental. Septiembre 2009.

[9] Artículo 3, numeral 5, de la Constitución de la República.

[10] Artículo 395 de la Constitución de la República. Numerales 1 y 2.

[11] Artículo 283 de la Constitución de la República.

[12] Artículo 66 de la Constitución de la República.

[13] Artículo 83 de la Constitución de la República. Numeral 6

[14] Peña Chacón, Mario;La Transversalidad del Derecho Ambiental y su Influencia Sobre el Instituto se la Propiedad y Otros Derechos Reales”.

[15] Artículo 285 de la Constitución de la República.

[16] Simone, Carmen. “Política Fiscal y Redistribución del Ingreso: Una Mirada desde el Derecho”.

[17] Artículo 268 de la Constitución de la República

[18] Artículo 300 de la Constitución de la República

[19] Musgrave Richard y Musgrave Peggy, “Hacienda Pública Teórica y Aplicada”, McGraw Hill, Quinta Edición. Pág 261.

[20] Prust, Jim. “Impuestos ambientales en los países en desarrollo”. Fondo Monetario Internacional, Departamento de Finanzas Públicas.

[21] En el Art. 9.1  se establece una exoneración del pago del impuesto a la renta durante cinco años, a las  inversiones nuevas y productivas en el sectores de energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de biomasa; Adicionalmente se incluyó a continuación del numeral 7 del Artículo 10 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno la posibilidad de que la depreciación y amortización que correspondan a la adquisición de maquinarias, equipos y tecnologías destinadas a la implementación de mecanismos de producción más limpia, a mecanismos de generación de energía de fuente renovable (solar, eólica o similares) o a la reducción del impacto ambiental de la actividad productiva, y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, se deducirán con el 100% adicional, siempre que tales adquisiciones no sean necesarias para cumplir con lo dispuesto por la autoridad ambiental competente para reducir el impacto de una obra o como requisito o condición para la expedición de la licencia ambiental, ficha o permiso correspondiente.

[22] Incorpora en  el Art. 55 y 77 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno tarifa cero de IVA y de ICE, respectivamente,  a la importación de vehículos híbridos.

[23] Artículo 396 de la Constitución de la República.

[24] Artículo 414 de la Constitución de la República.

[25] Agencia Europea de Medio Ambiente. “El Tributo Ambiental. Aplicación y efectividad sobre el Medio Ambiente”.

[26] Prust, Jim. “Impuestos ambientales en los países en desarrollo”. Fondo Monetario Internacional, Departamento de Finanzas Públicas

[27] Clasificación tomada por la Agencia Europea de Medio Ambiente. “El Tributo Ambiental. Aplicación y efectividad sobre el Medio Ambiente”.

[28] Los Tributos y sus clases. José Vicente Troya. Quito, Mayo 2009.

[29] Prust, Jim. “Impuestos ambientales en los países en desarrollo”. Fondo Monetario Internacional, Departamento de Finanzas Públicas

[30] Agencia Europea de Medio Ambiente. “El Tributo Ambiental. Aplicación y efectividad sobre el Medio Ambiente”.

 

[31] No obstante, en la experiencia de países que han adoptado políticas fiscales verdes, ciertos impuestos pueden surtir efecto en períodos de tiempo relativamente cortos (de 2  a 4 años). Por otro lado, los impuestos cuyo hecho generador se vincula con la energía pueden tardar de 10 a 15 años en producir efectos de incentivo sustanciales, según la Agencia Europea de Medio Ambiente.

Tema del mes: Lanzamiento de la obra de Poesía EN EL RINCON LA CALMA

Febrero 13th, 2011
SEGUNDA OBRA DE POESIA DE MARIO LASCANO

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Tema del mes: Lanzamiento de la obra de Poesía Perfiles y Reflejos

Octubre 5th, 2010
OBRA DE POESÍA DE MARIO LASCANO

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Tema del mes: Ensayo de Juan Montalvo y su Época ya disponible en la Web

Abril 11th, 2010

Nadie mejor para representar la inconformidad de los intelectuales del siglo XIX, en Latinoamérica, que Juan Montalvo. Autodidacta y estudioso profundo de la realidad de su pueblo, hizo de la literatura un instrumento de combate en contra de la tiranía, el abuso y la opresión.

Desde muy joven, frustrado por los vicios políticos de su país, trató de dar luces para que la juventud y los intelectuales fueran los abanderados de los valores superiores del hombre: El honor, la verdad, la honestidad, el patriotismo, el sacrificio; como ningún intelectual de su época, Montalvo practicó lo que pregonó. Es así como muchos estudiosos dicen que él se afanó por hacer de su vida una verdadera obra de arte y lo logró: vivió en la pobreza por dedicarse por entero a la literatura; luchó y se enemistó con todos aquellos hombres que no guardaban la ética y la moral en sus actos; luchó en contra de los incoherentes, en contra de los viciosos, de los abusivos, de los egoístas, de los inmorales. Al final de su camino murió solo, triste y abandonado, incluso desconocido y olvidado.

Habiendo leído en mi juventud la mayoría de las obras de Juan Montalvo, creí que era un hombre que bien merecía ser leído por su pueblo, porque el pensamiento de Montalvo jamás perderá vigencia en la vida de los hombres de bien y de los pueblos oprimidos.

En el libro JUAN MONTALVO Y SU ÉPOCA, resaltamos la influencia que tuvo Montalvo de las corrientes políticas, económicas y sociales de su época: La Ilustración, el Romanticismo, la Utopía, el Liberalismo y aquellos intelectuales que influyeron diracta o indirectamente en su obra. Luego describimos la figura de sus grandes adversarios políticos: Gabriel García Moreno, Ignacio de Veintemilla, el arzobispo Ignacio Ordóñez y los liberales “rojinegros”.

Consideramos en nuestro análisis una visión general de sus obras más brillantes: Los Siete Tratados, Las Catilinarias, Mercurial Eclesiástica, etc. tratando de mantener la originalidad de su pensamiento con sus propias palabras.

Finalmente, tratamos de reflejar su posición intelectual frente a diversos aspectos de la vida como son: el amor, la verdad, la madre, la amistad, el honor, la nobleza, la belleza, etc. La intención final es resaltar el pensamiento de este ilustre ecuatoriano, tan vigente ayer como lo será mañana.

EL  AUTOR

Lanzamiento de nuevo libro: La Muerte del Sofista

Diciembre 23rd, 2009

La Muerte del Sofista es una novela con un gran componente histórico, político y filosófico. Hace referencia al último día de vida del Sofista, un hombre intelectual que dedicó toda su vida a luchar contra la tiranía y la arbitrariedad, muy propias en los países latinoamericanos de la segunda mitad del siglo XIX.

En su último paseo diario por París, el Sofista conversa todas sus vivencias y su pensamiento a André le Gouhir, un viejo amigo con el cual compartió su pobreza durante su estadía en Francia.

Rica en pensamiento, reflexión filosófica e historia, La Muerte del Sofista se enmarca dentro del género libre que mezcla con mucha habilidad el ensayo, la novela, la historia y la filosofía.

El Sofista representa a todos aquellos pensadores y luchadores que ofrendaron su vida buscando un mundo mejor para sus pueblos oprimidos. Representa a aquellos hombres que lucharon en defensa de los derechos fundamentales del hombre, su libertad y la dignidad de sus pueblos.

EL AUTOR.

CUAR014